Las situaciones en las que aparece una acusación de abuso sexual infantil sin suficiente fundamento, o en las que se sospecha que la denuncia puede ser falsa, errónea o fruto de interpretaciones sesgadas, requieren una intervención pericial particularmente cuidadosa. Se trata de escenarios clínicos y judiciales complejos en los que es imprescindible que el psicólogo forense mantenga una posición absolutamente neutral, objetiva y basada en evidencia científica.
La finalidad principal de la evaluación no es determinar la veracidad del hecho —competencia exclusiva del tribunal—, sino analizar rigurosamente la coherencia del relato, los factores psicológicos implicados, el contexto familiar y la dinámica relacional, y valorar si existen indicadores compatibles con una revelación genuina, confusión, sugestión o posible instrumentalización del menor.
¿Qué se entiende por denuncia falsa o sin fundamento?
En psicología forense se utiliza este término para referirse a situaciones donde:
- La acusación se basa en interpretaciones erróneas de conductas infantiles.
- Existen relatos inducidos, sugestionados o contaminados por adultos.
- El menor no presenta indicadores compatibles con abuso pese al contenido de la denuncia.
- La información proporcionada es incongruente con lo conocido sobre la sintomatología habitual en víctimas.
- Aparecen elementos de conflicto familiar, especialmente en procesos de separación contenciosa o disputas por la custodia.
- El discurso presenta características típicas de aprendizaje externo del relato.
- No existen datos que apoyen la acusación, o estos son inconsistentes o contradictorios.
Es fundamental diferenciar este tipo de casos de la denuncia falsa intencional, que es mucho menos frecuente y pertenece al ámbito penal.
Objetivos de la evaluación forense
La evaluación en estos casos busca:
- Analizar la consistencia interna y externa del relato del menor.
- Explorar posibles fuentes de influencia, sugestionabilidad o contaminación.
- Valorar el estado emocional del niño/a y la presencia o ausencia de indicadores compatibles con experiencias traumáticas.
- Estudiar la dinámica familiar, especialmente en contextos de ruptura, conflicto o litigios.
- Identificar si existen presiones directas o indirectas sobre el menor.
- Determinar si el contenido del relato es compatible con el desarrollo evolutivo del niño/a.
- Ofrecer al juzgado un análisis técnico, imparcial y fundamentado que contribuya a esclarecer la situación.
Metodología de evaluación
La intervención se realiza mediante un procedimiento estructurado y especializado:
- Entrevista cognitiva adaptada a menores, evitando preguntas directivas o sugestivas.
- Evaluación emocional y conductual del niño/a mediante técnicas clínicas y psicométricas.
- Aplicación de pruebas que valoran memoria, sugestionabilidad y procesamiento del relato.
- Análisis de la compatibilidad del relato con patrones evolutivos y narrativos esperables.
- Entrevistas parentales para conocer la dinámica familiar y posibles factores contextuales.
- Revisión de documentación escolar, sanitaria, social o judicial, cuando es relevante.
- Evaluación de variables de riesgo como conflicto parental, lealtades divididas, triangulación o instrumentalización del menor.
El procedimiento está orientado a evitar la revictimización, respetar la integridad del menor y garantizar la fiabilidad de la información.
Relevancia jurídica y probatoria
El informe pericial puede aportar al tribunal:
- Una valoración profesional sobre si el relato del menor es compatible, incompatible o no concluyente con indicadores de abuso.
- Un análisis sobre la posible influencia adulta, dinámica familiar o factores que puedan distorsionar el discurso.
- Una evaluación del estado psicológico del niño/a y de posibles efectos del conflicto judicial en su bienestar.
- Información clara y comprensible sobre la ausencia de indicadores, sin patologizar al menor.
El objetivo no es acusar ni exonerar a ninguna parte, sino proporcionar criterios técnicos y objetivos que faciliten la respuesta judicial.
Un enfoque ético y protector del menor
Los casos de sospecha de denuncia sin fundamento requieren una intervención especialmente ética:
- Protección absoluta del menor durante la evaluación.
- Neutralidad del profesional, evitando posicionamientos previos.
- Evitar la revictimización o su exposición innecesaria.
- Comunicación clara y respetuosa con todas las partes.
- Fundamentación científica en cada conclusión.
El foco principal es garantizar el bienestar del niño/a, la claridad técnica y la máxima objetividad en el análisis.


